¿Cuánto paga Moya por las reformas?

Manuel Bengolea

En este ambiente de mucha propuesta de reforma, una de las discusiones habituales versa sobre quién termina cargando con su costo. Algunas de las reformas ya implementadas permiten calcular cuánto costaron y quiénes las pagaron finalmente.

En el caso del Transantiago, el costo anual del déficit, que no se contemplaba originalmente, asciende a centenas de millones de dólares, y son los impuestos de los chilenos los que lo financian. Sin embargo, y adicional a lo anterior, sus usuarios pierden más tiempo en este transporte. No es difícil entender entonces, que la productividad laboral de una masa importantísima de trabajadores haya disminuido. Moya no sólo paga más impuestos sino que pierde tiempo, que antes utilizaba para trabajar más o para compartir con su familia.

En el caso de la reforma tributaria, quien la pagó no fue sólo el 1% más rico de la población, sino que muchos ciudadanos, simples y corrientes, que vieron cómo el alza de distintos impuestos (cigarrillos, alcohol, verde, etc...), y su consecuente impacto en precios, erosionaron sus ingresos, abatiendo además sus expectativas sobre la eficacia del gobierno para llevar adelante lo prometido. Y lo peor es que el gobierno, que sería el gran ganador, terminó con sólo algunos pocos recursos más, a todas luces insuficientes para cumplir siquiera una fracción de sus promesas de campaña, y enredado políticamente. Sin contar aún con los efectos de segunda vuelta, pues ahora hay que decidir cuál promesa se cumple y cual no, donde los que usualmente ganan son aquellos grupos de interés con fuerza política, entre los cuales no está Moya por supuesto.

Con la reforma laboral el gobierno sostiene que ganan los trabajadores, mientras sus detractores afirman lo contrario. Independiente de quién esté en lo correcto, lo importante es que una empresa paralizada por un sindicato fuerte implica un costo que no sólo involucra a sus trabajadores y dueños, sino que a la economía. Al perjuicio por no producir, más los destrozos que usualmente acompañan las huelgas, hay que agregarle el costo intangible, tanto de la "pérdida de credibilidad" del proveedor, como el de "oportunidad" de quienes lo anteceden en la cadena productiva, y que afecta a todas las empresas del sector pues se trata de un evento sistémico. El caso del paro portuario y del registro civil son ejemplos donde el perdedor fue el país.

Circunscribir la reforma laboral a un problema de reasignación de flujos desde empresarios a trabajadores es de una miopía alarmante. Creer que se puede avanzar en igualdad aumentado el poder sindical, sin mediar cambios en productividad laboral, es ignorar los elementos básicos de la ciencia económica. El gobierno juega con las expectativas de sus ciudadanos (Moya), y a pesar de que las encuestas evidencian la incredulidad de éstos, sigue adelante. No sé si su reticencia a cambiar es por el miedo al Partido Comunista y/o a la calle o por un impulso mesiánico, que lo lleva a aceptar que la desigualdad es un problema de voluntad política y no de falta de educación y oportunidades.

Hoy, con la desaceleración de China, habría que proponer reformas que minimicen la intervención estatal, flexibilicen el mercado laboral, y generen una estructura de inventivos que alienten la innovación y el emprendimiento. Hasta ahora las propuestas del gobierno han ido en el sentido opuesto.